Según publicó the Wall Street Journal (WSJ), el Tribunal Supremo de EEUU acordó el martes escuchar con celeridad la solicitud de la administración Trump para salvar sus aranceles globales. En una breve orden, la corte indicó que escucharía el caso a principios de noviembre, un plazo que podría permitir emitir un fallo antes de fin de año.

Será la primera vez que el alto tribunal se pronuncie sobre la legalidad de una política importante del segundo mandato del presidente Trump. Los aranceles, que sufrieron varias derrotas en tribunales inferiores, permanecerán vigentes hasta que se resuelva el caso. La administración Trump había pedido a la Corte Suprema que acelerara el proceso, argumentando que la incertidumbre legal ya estaba perjudicando al Gobierno estadounidense en las negociaciones comerciales en curso.

Un importador de vino y otras pequeñas empresas que impugnaron los aranceles también solicitaron una resolución rápida, alegando que estaban «sufriendo graves dificultades económicas como resultado del aumento de precios y las interrupciones de la cadena de suministro causadas por los aranceles». Estas dificultades amenazaban la supervivencia de al menos una pequeña empresa del grupo, según declararon ante el Tribunal Supremo.

El presidente Trump siempre ha defendido que una ley de 1977 le otorga amplios poderes para imponer gravámenes básicos del 10% a prácticamente todos los países, y tasas mucho más altas para los países que no lleguen a acuerdos con EEUU, además de un conjunto adicional de aranceles para Canadá, China y México.

Hasta la fecha, varios tribunales han dictaminado que la ley, la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, no autoriza a Trump a tomar estas medidas. Entre ellos se incluyen un tribunal federal de apelaciones y el Tribunal de Comercio Internacional de EEUU, que fallaron a favor del importador de vino, así como otro tribunal federal de distrito que aceptó la impugnación arancelaria independiente presentada por una empresa de juguetes educativos. El martes, el Tribunal Supremo accedió a escuchar ambos casos. Una coalición de 12 fiscales generales estatales demócratas también ha interpuesto una demanda por los aranceles.