El Tribunal Supremo ha estimado parcialmente la demanda de ENDESA (ELE) contra el Gobierno y ha obligado a la Administración a abonarle EUR 51 millones por la construcción y conservación de la red entre 2017 y 2019, así como por penalizaciones por pérdidas correspondientes a 2016, según informaron elEconomista.es y ElConfidencial.com.

La resolución, no obstante, habría rechazado otros EUR 47 millones reclamados por la compañía y no fija un plazo concreto para su ejecución, por lo que la Administración deberá rehacer los cálculos.